Santiago Roig
Si hiciéramos el experimento de preguntarle de manera aleatoria a ciudadanos en la calle qué entiende por “democracia” seguramente obtendríamos respuestas que en sustancia correspondan a la idea general de “gobierno del pueblo” o “poder del pueblo”. Si les preguntásemos además si vivimos en una democracia, confío en que la mayoría opinaría que sí. Sin embargo la aplicación de estas bellas ideas en la vida cotidiana de nuestro país tropiezan con toda clase de problemas. Para empezar debemos distinguir dos tipos de implementación de la democracia: la forma representativa y la directa.
La primera se ejerce por intermediarios, es decir por los representantes que cada tres o seis años elegimos específicamente para eso: gobiernos municipales, diputados, senadores, gobernadores y el presidente. Supuestamente nosotros votamos una vez y ellos nos representan en el trabajo de organizar y dirigir la sociedad a todos los niveles durante varios años. En principio nuestro voto va (o debería ir) a quien mejor representa nuestras ideas, a quien ha ofrecido hacer aquello que nosotros haríamos de sernos posible, pero una vez mas la realidad es algo diferente: el voto con frecuencia va hacia los partidos o las personas por razones mas bien subjetivas, por ejemplo que nos inspiran confianza o por costumbre. En los niveles de diputados sobre todo y senadores en muchos casos son candidatos que a veces ni siquiera conocemos. Si a esto le añadimos que en esta versión de democracia directa existen también representantes por los que nadie vota (los llamados en general plurinominales) nos encontramos conque frecuentemente no nos sentimos representados por nadie. Esto, que podría sonar a queja vacía, acaba de ser constatado por un estudio de Transparencia Mexicana en Guanajuato (https://zonafranca.mx/politica-sociedad/guanajuatenses-no-se-sienten-representados-por-sus-diputados-transparencia-mexicana/) donde se encontró que el 75% de las personas que votaron en 2021 no se sienten representadas en el congreso del estado. Subrayo, como lo hace la nota, que son el 75% de los que sí votaron, no de los que se abstuvieron.
Ante esta situación, y dada la imposibilidad práctica de asistir todos a los congresos y asambleas donde se deciden las cosas importantes de la sociedad y la nación, usamos el recurso de la democracia participativa. Esto quiere decir buscar las formas de opinar como ciudadanos, de manera vinculante, sobre algún asunto de interés ya sea local o nacional, sobre todo cuando no nos gusta o nos afecta. Obviamente que esto no queda como un derecho de cada ciudadano en particular, la idea es que si un grupo de ciudadanos coincide en algo que quiere, o que no quiere, se pueden organizar para pedir que se consulte a todos los involucrados. Este derecho colectivo está normado por las leyes del país, pero curiosamente es tan complicado cumplir con las normas (estuve a punto de escribir “trabas”) que conforman la ley, que son contadas las consultas ciudadanas o referéndums que se han logrado llevar a cabo dentro de los marcos legales. Este tema es de actualidad en este momento debido a la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato del presidente y localmente en la ciudad de Guanajuato por el intento del gobierno municipal de construir un nuevo Museo para las momias, repudiado por una parte de la ciudadanía. Empezando por el aspecto nacional, a nadie debería escapar que desde su campaña (o múltiples campañas) el actual presidente invariablemente habló de organizar un referéndum a la mitad de su sexenio para poner el cargo a la disposición de los votantes. Lo que siempre lo ha animado, o al menos
así lo entiendo, es demostrar algo muy sencillo: que el pueblo tiene la posibilidad de deshacerse de malos gobernantes usando las armas que le da la ley. Esto, que suena sencillo, es un precedente que incomoda justamente al grupo de malos gobernantes que hemos tenido y que podríamos volver a tener en un futuro. Que la gente sepa que puede quitar a un presidente o un gobernador los aterra. En ningún momento se trata, como nos quieren hacer creer, de probar qué tan popular es López Obrador, eso ya lo sabemos; no es tampoco una especie de intento de eternizarse en el poder (esta teoría es tan rebuscada que no he logrado entender en que podría estar basada); la realidad es mucho mas peligrosa para esos malos gobernantes del pasado y de un posible futuro: el pueblo es quien detenta el poder y tiene con que tumbarlos en caso de necesidad. Esa es la lección y eso es lo que se pretende con el ejercicio de revocación del mandato, no es otra cosa, es sentar un precedente. Algunos de los ofendidos con el ejercicio podrían alegar que la posibilidad siempre ha existido y en consecuencia que todo el ejercicio es inútil… ¿de verdad? Veamos como ha funcionado eso en la práctica, con el caso concreto de Guanajuato.
Guanajuato Capital es famoso por sus momias, por un museo donde se exhiben los restos mortales de algunos de nuestros antepasados. Hasta un película se rodó con el tema. En mi modesta opinión es una especie de museo del morbo, al menos como se ha manejado hasta la fecha; pero a pesar de los múltiples atractivos de la ciudad, y de otros museos bastante interesantes, “Las Momias” sigue siendo la atracción principal y en consecuencia una de las mayores entradas de dinero para el municipio. De aquí a imaginar que se puede explotar aún mas a la gallina de los huevos de oro solo hay un paso, y el gobierno actual ya lo dio: no solo aumentó sin mucha justificación el precio de entrada, sino que armó un proyecto para hacer un nuevo museo sobre el tema. La cosa es que este “proyecto”, por decirle de algún modo, está pésimamente concebido. Por lo que se ha sabido, entre otras cosas, pretende ser de hecho una especie de centro comercial con momias como gancho, no se ha consultado a las autoridades pertinentes sobre el traslado y el uso de los cuerpos para este fin, el terreno que se pretende usar fue cedido al municipio hace años por los extintos Ferrocarriles Nacionales con otros objetivos y de hecho actualmente esta ocupado por un centro deportivo, que le da servicio a un grupo importante de vecinos, y que habría que derribar. Y todo esto nos costará a los ciudadanos, según varias fuentes, cerca de 100 millones de pesos, para lo cual el municipio ya se comprometió con un préstamo de 70 millones. En suma un verdadero desaseo.
Muchos ciudadanos, nada conformes con esta idea y sobre todo viendo la multitud de carencias de nuestra ciudad, nos sumamos al intento de detener esta locura por la vía justamente de un referéndum. Cumplir con las condiciones dadas en la ley no fue nada fácil, se requerían del orden de 4300 firmas, se consiguieron mas de 6000, y a pesar de que se desecharon (sin una explicación que yo conozca) alrededor de 2000, de todas formas se alcanzó el mínimo exigido por la ley y aquí fue donde el sueño se acabó: el IEEG, Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, detuvo el proceso por un tecnicismo. Ni siquiera entiendo muy bien en que se basaron, pero la explicación para los legos fue que no se podía hacer la consulta sobre si queríamos o no el endeudamiento porque eso ya lo había decido el ayuntamiento… o sea, parece que no hay forma de corregir una metida de pata en esta visión del IEEG. ¿Qué sacamos de todo esto? Para mi hay una conclusión clara y la anticipa Juan García Oliver en su autobiografía: “La ley no es el derecho. La ley da normas a concepciones de derecho. A veces —y eso muchísimas veces— el derecho no ha sido, no es, interpretado por la Ley.” Esto es justo lo que nos acaba de pasar a los ciudadanos de Guanajuato, nuestro derecho no fue recogido adecuadamente por la ley actual y precisamente en este contexto el ejercicio de referéndum para la revocación de mandato adquiere toda su importancia porque es la prueba de que sí se pueden hacer estas consultas, le pese a quien le pese y en contra de todas las marrullerías que puedan inventarse los burócratas. No quitemos el dedo del renglón, ejerzamos nuestros derechos aun contra las malas codificaciones de al ley.
Comentários