La política migratoria en Estados Unidos está criminalizada. Durante décadas se han abocado a convertir en delito la búsqueda de trabajo, es un crimen cruzar la frontera sin papeles en busca de protección por situaciones creadas en parte por Estados Unidos; sus gobiernos ciegos ante las evidencias, insisten en culpar a los demás por sus males.
Se niegan a reconocer que son el principal país consumidor de drogas en el mundo y exigen que los países dejen de producir o ser lugar de tránsito. En varios países los campesinos recurren a cultivar drogas por no encontrar otros cultivos viables, en parte porque “el mercado” los ahogó, ya sea el mercado del consumo de drogas en Estados Unidos, o el mercado que afecta al pequeño productor.
Estados Unidos se niega a reconocer que sus servicios de inteligencia han trabajado con los criminales para de forma encubierta cumplir con sus propósitos geoestratégicos reforzando a los carteles que imponen su ley. Y se concentran en castigar el resultado y no la causa del mal, esos son los planes Colombia y Mérida.
López Obrador tiene razón en señalar que la solución está en el desarrollo, si funciona se frenará la migración y eventualmente se podrá luchar contra el crimen, Estados Unidos tendrá que manejar el enorme aparato criminalizador que sangra sus finanzas públicas y encontrará que el enemigo está en casa. Ante esta paradoja tendrá que hacer un fuerte análisis de conciencia.
Los migrantes son víctimas en busca de protección, no deben ser piezas en el juego de ajedrez. México debe cuidar mucho no caer en esa criminalización, y mucho menos renunciar a la vocación humanista que ha enarbolado el gobierno.
No es fácil tratar con un troglodita, y menos lo es caminar en la cuerda floja de los intereses nacionales y la vocación humanitaria, porque el troglodita busca tirar a todos.