En un juicio de asilo político en Estados Unidos, la fiscal me presentó una fotografía de un aparato celular de tecnología muy reciente tomada dentro de un CEFERSO, en el menú dónde se consigna la red de dónde está conectado el aparato aparecía una referencia al ejército mexicano. Le dije a la fiscal que no soy experto en telecomunicaciones, que pensaba que para poder colgarse de esa red seguramente alguien proveyó la contraseña, pero que me parecía que la foto mostraba la existencia de dos aparatos dentro del penal: la del fotografiado y la del que fotografió. Cosa que se supone no debe suceder en un penal. Pero como en muchas cosas, en México con frecuencia hablamos de supuestos.
El escándalo del penal de Apodaca se disparó por un video mostrando el abuso de un grupo de presos contra otro; alguien contaba con la tecnología para filmar dentro del penal mostrando el nivel de impunidad de los abusadores. Podemos suponer que se trataba de un teléfono con capacidad de filmación, y que puede transmitir lo filmado, que por ejemplo podía mostrar, hipotéticamente, que se cumplió con las órdenes, en caso que alguien hubiera ordenado tal acto. El gobierno nos dijo que era un pleito entre carteles dentro del penal y surge la duda de si los celadores no notaron un evento dónde aparecía una decena de personas (¿cómo consiguieron ropa interior de mujer?).
Desde que explotó el tráfico de drogas y se ha atrapado a miembros de los carteles, algunos que no han logrado evadir a la justicia y han sido encarcelados, han cambiado el gobierno de las prisiones. Éstas que al parecer llevan mucho tiempo gobernadas por los presos (autogobierno le dice el gobierno al fenómeno), pasaron a ser gobernadas por los miembros de los carteles, de tal manera que los conflictos de afuera se trasladaron al interior de los penales y le imprimieron otros tintes a las pugnas en la calle. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que 70% de las cárceles está gobernada por los criminales, lo que implica que aún apresados pueden continuar con sus actividades criminales.
El testimonio de una mujer secuestrada dentro de un penal por el jefe de un cartel dentro del mismo, informa sobre los miles de pesos semanales que se le entregan a los celadores, comandantes y administración del penal, para dejar que los criminales sigan trabajando y gocen de privilegios. Esto explica porque el delito más frecuente en el país es la extorsión y que muchas de las llamadas extorsionantes salen de los penales.
En una ocasión entré al penal de Juárez para visitar a un abogado encarcelado por el gobernador Francisco Barrio porque el abogado se negó a entregarle un terreno al hermano del gobernador. Mientras pasábamos por las puertas los celadores me pedían unas monedas sin inmutarse por la presencia del director del penal que me escoltaba, cuándo lo interrogue sobre que hacer respondió: “si quieres dales, si no les das no pasa nada”. La presencia del carcelero mayor no evita conductas indebidas, aunque tal vez, por los usos y costumbres sean adecuadas para ese espacio, quiere decir que la administración del penal no corrige conductas. Ese director del penal, que se dice preclaro izquierdista, aunque no le preguntes, jura que no se enriqueció en el penal (sin comentarios).
Las fugas en las prisiones mexicanas responden a esta tolerancia a la corrupción y el control de los penales por los criminales.
Fugas como las de El Chapo o Esparragoza y muchas que se pierden en las páginas de los periódicos por tratarse de narcos “menores” se logran gracias a la existencia de una gigantesca economía dentro de los penales que incluye, compra de espacios, de privilegios, prostitución, vicio, drogas y una larga lista de bienes y servicios, porque son espacios dónde todo se consigue si se cuenta con dinero y la impunidad no está descartada. La pregunta es ¿por qué no hay más fugas?
Los penales no son centros de rehabilitación, son centros de explotación y castigo convertidos en escuelas del crimen para los que sufren la desgracia de ser apresados y no poder comprar su liberación. Ahí se reproduce la descomposición moral de la sociedad, porque se puede degradar al ser humano, mientras se manipula la libertad para hacer ajustes de cuentas contra los “enemigos” del régimen.
Así llegamos a que en un país de corruptos los detenidos son presos políticos.